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La web de Crowdfunding Inmobiliario que facilita
la democratización de las inversiones en Inmuebles
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Marco jurídico del crowdfunding. Fiscalidad.

General miércoles 12 de noviembre de 2014


Es necesario un marco regulatorio equilibrado que permita el desarrollo de esta fuente complementaria de financiación y, al mismo tiempo, proteja a los inversores minoristas y evite posibles riesgos sistémicos.



fiscal crowd



Introducción:
 

La falta de un marco jurídico específico para el “crowdfunding” se ha compensado gracias al trabajo individual de cada una de las plataformas pese a que siguen existiendo ciertas problemáticas.
Estas plataformas sirven para dotar de visibilidad a los proyectos y el éxito es indiscutible, pero en términos generales, conseguir una campaña exitosa requiere mucho trabajo y en algunos casos la inversión horaria realizada, las tasas y los impuestos que se imponen sobre los resultados hacen que muchos usuarios reconsideren si volverían a utilizar este mecanismo para realizar proyectos futuros. Este factor, este vacío regulatorio existente, se ve agudizado por la improbabilidad de que se llegue a elaborar la ley de mecenazgo pese a estar en la agenda política durante las últimas legislaturas.
Aún así, las administraciones públicas, en concreto los gobiernos autonómicos y locales, pueden favorecer este tipo de financiación reduciendo la carga impositiva, tanto para el inversor como para el receptor y las propias plataformas. De este modo se podría paliar de inmediato la falta de una ley de mecenazgo satisfactoria y la subida del IVA.

 
-Crowdfunding no lucrativo vs crowdfunding lucrativo:
 

-Dependiendo del tipo de crowdfunding será distinto el tratamiento fiscal. Son cuatro tipos, englobados podriamos decir en no lucrativos, el “crowdfunding” en el que se obtiene una recompensa no económico-financiera(las donaciones y las recompensas) y los lucrativos(que sí que persiguen la obtención de un retorno económico-financiero), los préstamos y las micro inversiones asociada a un intercambio accionarial, en ingles equity que son los que nos interesan para el caso del inmobiliario.

-En el siguiente cuadro se resume lo que a continuación se explica:

Cortesía: http://www.ajemalaga.org Cortesía: http://www.ajemalaga.org

-Préstamos:
 

El contrato de préstamo se regula en el artículo 1.740 y siguientes del Código Civil. Es el contrato mediante el cual una parte (prestamista) entrega a la otra (prestataria) una cosa, en nuestro supuesto dinero, con la condición de que éste sea devuelto. Los préstamos pueden ser gratuitos o con la condición de pagar intereses junto con el principal.
El préstamo será mercantil, si alguno de los contratante es comerciante o si las cosas prestadas se destinan a actos de comercio.
El contrato de préstamo no requiere de formalidad alguna, siendo válido el documento privado que puede formalizarse electrónicamente. Los contratos de préstamo que se articulen para la financiación colectiva deberán contemplar estipulaciones respecto de las siguientes cuestiones:
— Fecha para la puesta a disposición del capital del préstamo.
— Objeto al que debe destinarse el préstamo.
— Fecha para la devolución del principal y forma de pago.
— Determinación del tipo de interés y su forma de pago (mensual, trimestral, al término del préstamo u otras).
— Posibilidad de amortización anticipada.

— En algunos supuestos posibilidad de que el capital prestado se convierta en capital del financiado, siempre y cuando éste sea una sociedad.
— Posibilidad de ceder el contrato para cualquiera de las partes.
— Disposiciones generales respecto de las notificaciones, legislación aplicable y fuero.
Desde el punto de vista de su fiscalidad, los intereses recibidos por el prestamista tributarán por el IRPF o IS en función de si el inversor es una persona física o jurídica. La tributación ha variado desde el 1 de enero de 2012 en el IRPF, la renta que suponen los intereses tributará la tipo medio que corresponda según el resto de rentas del financiador. Por otra parte los intereses están sujetos a retención del 21% sobre la base tanto en el caso de las personas físicas como en el de las personas jurídicas, que deberá ser practicada por el emprendedor, sea éste una persona jurídica o física en los términos del artículo 76 del RIRPF.

-Micro inversión asociada a un intercambio accionarial. Equity
 

La Cuenta en Participación es un contrato regulado en el Código de Comercio, artículos 239 a 243, en virtud del cual una o más personas (partícipes) se obligan a realizar una aportación de bienes y/o derechos, puede ser dinero, a un comerciante (propietario-gestor o cuenta-partícipe gestor), quien adquiere la aportación en propiedad para destinarla a su negocio, bajo su exclusiva responsabilidad, con el fin de obtener un resultado que deberá repartir con los aportantes, de conformidad con lo pactado.
Se trata de una figura jurídica en pleno renacimiento, debido a los problemas de financiación actuales, de una parte, y a los bajos tipos de interés, de otra. La Cuenta en Participación permite pues la obtención de fondos por parte del emprendedor, quien mantiene la propiedad de su negocio y es el único responsable frente a terceros.
El Contrato de Cuenta en Participación se muestra también como un mecanismo sencillo, ágil y rápido para establecer un vehículo de financiación colectiva. Puede formalizarse online, al no requerir forma pública ni formalidad alguna y permite libertad de pactos, respetando siempre la regulación mínima que se contiene en el Código de Comercio. Así pues, entendemos que un Contrato de Cuenta Partícipe deberá contener estipulaciones respecto de:
— La puesta a disposición de las cantidades comprometidas.
— La participación en los beneficios y en las ganancias.
— Mecanismos de control e información respecto de la actividad del gestor, en particular de los estados financieros.
— Posibilidad de cesión de la posición de la cuenta-partícipe.
— Terminación del contrato y disposiciones sobre el resultado de la explotación.

Respecto del tratamiento fiscal, las rentas que el cuenta-gestor satisfará, en su caso, a los cuenta partícipes tienen la consideración de rentas del capital y, por tanto, tributan del mismo modo que los intereses de los préstamos y están sujetas a retención. Para el gestor tales rentas tendrá la consideración de gasto deducible, en consecuencia.
Igualmente, si en lugar de reparto de beneficios hay un reparto de pérdidas, el cuenta-partícipe se imputará en la parte que le corresponda como una pérdida en su correspondiente impuesto; y el cuenta-gestor al transferir una pérdida deberá integrarla como un rendimiento dentro de sus actividades económicas.
El gestor por lo demás tributará por IS o IRPF en función de su calidad de persona jurídica o física, y el cuenta-partícipe igual si es comerciante, o por IRPF en caso de no serlo.

 
-Normativa aplicable a las plataformas y a la contratación electrónica
 

Las Plataformas de “Crowdfunding” son plataformas tecnológicas que intermedian entre los inversores y aquellos que buscan financiación para su obra o proyecto. Desde la perspectiva de la legislación vigente, son Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información , con independencia de la forma jurídica que revistan y, por tanto, están sujetos a la normativa contenida en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI).
Los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información, esto es, las plataformas de “crowdfunding”, están obligados a facilitar, de manera fácil, directa, gratuita y accesible por medios electrónicos, a los destinatarios de sus servicios y a los órganos competentes la siguiente información:
— Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
— Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
— Los datos relativos a la autorización administrativa previa, en el supuesto que En el caso de que su actividad estuviese sujeta a ella.
— El número de identificación fiscal que le corresponda.
— Si el servicio de la sociedad de la información hace referencia a precios, además se requiere información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
— Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

Esta obligación informativa se entiende cumplida si las Plataformas de “Crowdfunding” la incluyen en su página o sitio de Internet.
Asimismo, los contratos que financiadores y destinatarios de la financiación deberán suscribir electrónicamente a través del Plataformas de “Crowdfunding”, son contratos que producen todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, debiendo cumplir, normativa general al margen, otra más específica derivada de:
1. La condición de tratarse de un contrato electrónico.
2. La condición de tratarse de un contrato-tipo o con condiciones generales de contratación.
3. El hecho que una parte de los intervinientes sea, en muchos casos, consumidores y usuarios.
4. La naturaleza jurídica que la contraprestación tenga (compra de un bien). Así deberá atenderse a:
— La propia de la LSSI, artículos 27 a 29.
— La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
— El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias y, en Catalunya, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
— La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

 
-Ley de Mecenazgo
 

La Ley del Mecenazgo tiene el objetivo de fomentar las iniciativas de mecenazgo y promover la participación de la sociedad civil en la defensa del patrimonio artístico de dos formas:
— Incrementado los incentivos fiscales al mecenazgo
— Mejorando la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos En España, se estaba planteando crear una ley similar que se denominaría también Ley del Mecenazgo y que actualizaría la anterior que regulaba este aspecto. Se pretendía que entrase en vigor para principios del año 2013 y se esperaba que alcanzase sobre todo al sector cultural, pero también al deportivo y al social. El principal reclamo de la Ley del Mecenazgo serían sus desgravaciones fiscales para las donaciones que se realizasen, doblando el importe desgravable que existe actualmente y pudiendo llegar hasta el 60-70%, por invertir en ciencia, educación o cooperación. Estas medidas, que esperemos se vayan aclarando con el tiempo, beneficiarían a todo tipo de proyectos pero, sobre todo, a aquellos de difícil difusión. Recordemos que las aportaciones serían consideradas donaciones, y se cree que muchas plataformas de “crowdfunding” se regirían por esta denominación, siempre y cuando la aportación no tuviese la contrapartida de la recompensa ni rentabilidad, que es lo que muchos promotores persiguen a la hora de apoyar un proyecto. Otra alternativa para asumir la forma de mecenazgo sería que el creador del proyecto fuese una empresa con denominación de ONG. En cualquier caso, la existencia de una ley en este sentido podría empezar a generar una cierta seguridad a la hora de hacer aportaciones a proyectos, sobre todo a los de tipo comunitario o social. Como contraposición, en Estados Unidos ya se ha creado una ley llamada JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act), destinada a fomentar la financiación de las pequeñas empresas y emprendedores estadounidenses, con el requisito de limitar las aportaciones máximas (10.000 USD o 10% de los ingresos anuales en inversiones, la que sea menor). Adicionalmente a la regulación estricta, las plataformas americanas han creado un código de autogobierno que establece unas normas básicas de funcionamiento. Este código ha servido para que la SEC (Securities and Exchange Commission) elabore un primer escenario de regulación y se lleven a cabo leyes específicas como la nombrada anteriormente.

-Fuente:TRABAJO FIN DE GRADO
El crédito en España y la utilización del crowdfunding como alternativa de financiación del crédito personal
Por Olga Asenjo Martínez.

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Publicado por
Miguel García
CEO de InmoCrowd
Especialista en crowdfunding inmobiliario

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